jueves, 29 de octubre de 2015

Ted Cruz vs la Prensa Basura




"Las preguntas que se han hecho hasta ahora en este debate ilustra el porque no podemos confiar en los medios." - Ted Cruz



Ayer durante el debate republicano el Senador Ted Cruz dejó de seguirle el juego a la prensa liberal. Cuando le tocó su turno expuso lo que se ve a leguas y no se quiere reconocer, la prensa liberal en EEUU está manipulando los debates para hacer quedar mal a los republicanos.


Ted Cruz hizo una pausa en el debate y utilizó su turno para señalarle a los moderadores del debate que ellos no tenían ninguna intención de votar en unas primarias republicanas. Ted les dijo que sus preguntas lo que buscan es fomentar la tiraera entre los republicanos y no van a los asuntos que de verdad necesitan discutirse.



ESTO es lo que hace falta, gente que denuncie a la prensa basura. La gente no está confiando en los medios. El reciente despido de decenas de empleados de El Nuevo Día refleja ese hecho. Cuando la prensa se convierte en un fotuto del gobierno es basura...como el gobierno.

Si yo estuviera en EEUU estaría decidiéndome entre Donald Trump y Ted Cruz, los únicos dos que le han señalado a la prensa que está jugando sucio. Y después de lo de anoche me inclino un poco más por Ted que arrancó aplausos de la gente que está cansada de la manipulación mediática.



lunes, 26 de octubre de 2015

QUE ELIMINEN YA LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS



26 de octubre de 2015. San Juan, PR. Este sábado circuló la noticia de que el presidente de los Estados Unidos reconoce las limitaciones de las pruebas estandarizadas e instó a que se ofrezcan pruebas menos onerosas y más útiles y a que haya una reducción en el tiempo que se utiliza para las mismas. Se pidió al congreso reducir el exceso de pruebas. Incluso, el Secretario de Educación federal, Arnee Duncan reconoció que los maestros están “comprensiblemente estresados y preocupados” por el énfasis excesivo en las pruebas. EDUCAMOS celebra el que se haya reconocido en gran medida lo que hemos venido planteando por más de una década sobre este tipo de pruebas en Puerto Rico, aunque las mismas no hayan sido totalmente descartadas aun.

Hemos denunciado el carácter fraudulento de las pruebas cuando las mismas carecen de validez y confiabilidad, que las mismas constituyen un negocio redondo para empresas como la Pearson y otras contratadas año tras año y que se han enriquecido a costa del sufrimiento del magisterio y estudiantado. En Puerto Rico se han gastado billones de dólares en poco más de una década en el negocio de las pruebas estandarizadas y en las empresas relacionadas con el mismo. Año tras año el Departamento de Educación de Puerto Rico invierte cerca de 10 días estrictamente en el llamado proceso de medición. Si a esto añadimos el tiempo invertido en la preparación previa al mismo y la enorme cantidad de recursos pagos con fondos públicos que se mueve en función de las pruebas estandarizadas, estaríamos hablando de que se invierte casi un 20% del tiempo escolar anual en todo lo relacionado con las mismas.

Ahora, el plan de privatización y cierre de escuelas del presidente senatorial Eduardo Bhatia (P. del S. 1456) convierte las pruebas en ley y las ubica como el criterio fundamental para todas las decisiones relacionadas con nuestro sistema educativo. Esto implica que mientras en los mismos EU se encaminan a restarle importancia a estas pruebas, en Puerto Rico se marcha en dirección totalmente opuesta en detrimento de la educación, de la escuela pública y del magisterio.

Nos alegramos de que le ocurra esto a esta administración de gobierno por estarse arrodillando para complacer a los federales. Su servilismo los lleva ahora a quedar en ridículo ¿Qué harán ahora con el P. del S. 1456 el Sr. Bhatia y el Secretario de Educación cuando los mismos federales les han cambiado la señal?

Insistimos en lo que siempre ha sido nuestra posición: l;as pruebas estandarizadas constituyen un fraude, establecen una cultura del fracaso entre nuestro estudiantado y solo han servido para fabricar millonarios fraudulentamente. Es hora ya de poner los pies en tierra y eliminar por completo dichas pruebas.

viernes, 16 de octubre de 2015

Telemundo y su editorialización a favor de Bhatia

Si usted es de los que cree que el proyecto de Bhatia lo pasaron "sin debate" por culpa de los maestros déjeme decirle algo, usted todavía cree que la lucha libre es verdadera...


La cadena Telemundo pasó un reportaje de lo que pasó ayer en la presentación y aprobación del proyecto de privatización de Bhatia. El reportaje está muy bien editado para hacer quedar bien al gobierno y mal a los maestros. Vamos a analizar un poco lo que se dice y lo que pasó allí. Yo estuve allí así que les puedo contar


El reportaje comienza a decir que allí estaban en la gradas miembros de los sindicatos UNETE y EDUCAMOS. No menciona a ningún otro sindicato. Sinceramente no sé porque no mencionaron a la Federación de Maestros y a la Asociación de Maestros que también estaban allí. También estaba la representación de la Organización Nacional de Directores Escolares y otros. De hecho no había más gente porque cerraron las gradas. ¡Ah que Telemundo no dijo eso! ¿VERDAD? Tampoco enseñó la parte de las gradas que estaba vacía porque NO DEJABAN ENTRAR A NADIE MÁS. 


Lo que sí mencionan es que se lanzaron unos alegados "epítetos" contra el presidente del senado Eduardo Bhatia. Pero no mencionan el hecho del ujier que mandaron a provocar a Eva Ayala con amenazas. En el momento en que estábamos allí de pie fue porque uno de los ujieres mandó a Eva a sentarse (ella era la única que estaba de pie) y la amenazaron con sacarla si no se sentaba. Los allí presentes cantaron consignas en pie en apoyo a la compañera. De hecho no se ve en ningún momento a Emilio Nieves gritando ni mucho menos lanzando epítetos. La periodista Maribel Melendez miente.

Tampoco mencionan el otro ujier que fue a provocar a uno de los maestros de la Federación y a tratar de sacarlo luego de que este, haciendo uso de su derecho a la libre expresión, comunicara que esa votación era una farsa lo cual les explicaré más adelante. Telemundo no muestra la provocación que hicieron los ujieres y que ignoró el policía estatal que estaba allí.

La periodista se refiere al proyecto de Bhatia como uno que incorporará "entidades no gubernamentales". Evita decir la palabra "privadas". Eso es editorializar. De seguro le darán un premio en al Overseas Press Club por hacer ver el proyecto de Bhatia como algo inofensivo cuando la realidad es otra

La movida de "suspender el debate" y pasar a la votación es algo que utilizaron muy astutamente los legisladores del PPD para evitar que se escuchara la ponencia de la Senadora María de Lourdes Santiago que tenía contundentes puntos contra este proyecto que ya estaba planchado. 

Por si no lo sabían el debate iba a ser una farsa porque UNA HORA ANTES se había reunido el caucus del PPD y el caucus del PNP. Eso se hace para asegurarse de quienes serán los que votarán a favor y en contra. Miguel Pereira demostró que allí no había intencion de hacer debate alguno pues se pasó durmiendo durante la sesión. El Senador Bhatia no iba a presentar una medida sin tener los votos y los consiguió en el PNP gracias a Carmelo Ríos, Larry Seilhammer y Margarita Nolasco. Curiosamente a esos tres senadores no los trataron como a Pellé cuando vendió su voto para espetarnos la crudita el año pasado. El PNP estaba en esto porque este proyecto de privatización viene desde la administración pasada. 


Este reportaje de Telemundo tiene más contorsiones que el hombre de goma de un circo porque empieza mencionando dos sindicatos y termina entrevistando a Aida Díaz a la cual no mencionaron al principio. Es cierto que ella dijo lo correcto pero por favor, allí estaba Emilio Nieves, Eva Ayala, y Mercedes Martinez, ¿porque no los entrevistaron a ellos? 


Al final presentan a Bhatia hablando de que el proyecto trata de llevar libros a las escuelas y materiales. Si leen el proyecto verán que con la fórmula que se usará para computar el dinero no habrá ni pa papel de baño. Ya verán...


Quiero señalar finalmente la predicción de la Senadora María de Lourdes Santiago. Este proyecto va a terminar como el sistema de salud que reformó Roselló. Tiene razón. Aquí lo que pasará es que en nombre del lucro los que se apoderen del sistema se repartirán el dinero entre ellos y será muy poco lo que llegue a las escuelas. Yo le añado que vean lo que ha pasado en otros estados donde han tenido que repeler la implantación de esas medidas privatizadoras por ser ineficaces. Pero eso no lo menciona Telemundo. Ellos editorializaron a favor de Bhatia, ¿porque lo harán? ¿Tedrán algún interés en la privatización de las escuelas? Eso está por verse. Lo cierto es que el reportaje de Maribel Melendez Fontán debería ser utilizado como un ejemplo de lo que es la editorialización y deshonestidad periodística. Un ejemplo más de lo que es la prensa toallera de nuestro país.


Nota al calce: El Profesor Rafael Bernabe fue engañado por Bhatia. Se le prometió que iba a tener un turno en las vistas de la Comisión y no le cumplieron. 

martes, 13 de octubre de 2015

Los que apoyan y los que rechazan la reforma de Bhatia

El Senador Eduardo Bhatia quiere imponer en Puerto Rico el modelo de privatización de escuelas charter. Él las llama "LIDER" para que la gente no esté alerta pero el modelo es lo que se conoce como charter donde la administración de algunas escuelas pasa a manos privadas que contratan y subcontratan personal y hacen como quieren con una licencia del gobierno para no atenerse a las leyes.

Como todo proyecto hay que ver quienes se oponen y quienes favorecen la reforma de Bhatia y sabremos que fuerza tiene.

¿Quienes lo favorecen?

1. El Sector Industrial. Como dice un refrán, "con esos truenos quién duerme". Si se quería tener una idea clara de por donde va este monstruo pues ahí tiene. ¿Qué hace el sector industrial metido en una reforma educativa? Se ve que están detrás de algo y en la política el dinero habla más que los votos.

2. Las universidades privadas. Hace tiempo que el Sistema Ana G. Mendez y otras universidades privadas andan buscando como ganar un dinero extra. En esta economía ya la gente no quiere estudiar así que apoyan el proyecto de Bhatia en busca de acomodar sus fichas y ganar su dinero.

3. Los alcaldes populares. El espectáculo más patético de este proyecto lo hace Bhatia cuando pone como ejemplo escuelas semiprivatizadas y municipalizadas de municipios del PPD. Es obvio que lo van a apoyar si saben que ganarán un dinero extra y podrán contratar y meter a sus amigos en las escuelas que les den.

4. Los analistas políticos. Jay Fonseca, Luis Pabón Roca y otros abogados que repiten como papagayo lo que vieron en el documental "Waiting for Superman" intentan convencer a la gente de que la privatización de Bhatia es algo bueno.

5. Algunos ex gobernadores. Rafael Hernández Colón que ha desfalcado a Puerto Rico con sus escoltas; Aníbal Acevedo Vilá que provocó el cierre de gobierno histórico en el 2006 y quebró la economía; Sila Calderón que todavía no dice donde está el dinero de la compañía Bromon ni el de las comunidades especiales; Luis Fortuño que despidió a más de 20,000 empleados públicos dejándolos en la calle.

¿Quienes se oponen? 

1. Cesar Rey. Cesar Rey además de ser un intelectual respetado fue un secretario de educación bajo una administración del gobierno PPD. No hay mejor cuña que la del propio palo... Esto fue lo que dijo: "Si entregamos el sistema a las escuelas Charter estaríamos descuartizando y fragmentando el sistema público. Tendríamos 78 sistemas distintos, peor o tan malos como lo que queremos corregir."


2. La Facultad de Educación de la UPR.  El principal centro docente del país, el lugar de donde sale la mayoría de los maestros dijo:  “el P. del S. 1456 no tiene una fundamentación filosófica ni hace acopio de investigaciones educativas realizadas en Puerto Rico o en Estados Unidos que sustenten las disposiciones del proyecto”.

3. Justo Mendez. El Fundador de Nuestra Escuela, una entidad de aducación alternativa fue la oposición más sorpresiva al plan de Bhatia:

“Discrepamos del señalamiento que el sistema de enseñanza público ha fracasado y que, por tanto, hay que repartir cientos de escuelas entre entidades privadas. Esa opinión pasa por alto las múltiples experiencias exitosas del sistema educativo público y obvia los logros alcanzados por sus estudiantes y maestros”

4, Rafael Román. Hasta el monigote del Secretario de Educación se opone:

"Nuestro proyecto de transformación educativa debe ser desde la escuela pública y contando con la escuela pública...Hay que tener mucho cuidado cuando se plantean proyectos de reforma educativa, si se han contemplado. Yo creo que el Presidente del Senado está mal asesorado"

5. Los sindicatos de maestros (incluyendo la Asociación que es una de las alcancías del PPD).

"Cualquier iniciativa de reforma educativa tiene que contar con los maestros y el apoyo de la ciudadanía. El camino legal que tenemos es: partir de la Ley 149..."  - Emilio Nieves Torres

6. Los directores escolares. Las personas que están a cargo de dirigir y coordinar las escuelas están en contra de este proyecto:

"Su único fin es presentar al Gobierno Federal un culpable por los pésimos resultados del sistema. Estos pobres resultados académicos son la justificación del Nivel Central para obtener fondos para un supuesto mejoramiento escolar." 


7. Los maestros de Puerto Rico. Los maestros no queremos que privaticen la escuela. Eso significaría la negación de servicios a muchos estudiantes por medio del racionamiento de dinero y la redistribución de recursos. Significaría discrimen como se ha visto en EEUU donde no admiten estudiantes que no tengan buenas notas y no saquen puntuaciones altas en pruebas estandarizadas. No queremos ver despilfarro, abuso y fraude.


Nota
Detalle de los que están a favor y en contra publicado por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública


lunes, 12 de octubre de 2015

El Secretario de Justicia comete un grave error

Líder magisterial rechaza declaraciones del Secretario de Justicia sobre proyecto Bhatia


El presidente de la organización magisterial UNETE, Emilio Nieves Torres, calificó las declaraciones del Secretario de Justicia en las vistas sobre el Proyecto del Senado 1456 de reforma educativa, como unas “prejuiciadas, sin fundamentos e incompletas. Limitarse a decir que es una gran iniciativa y que es histórica, evidencia la falta de análisis profundo y objetivo del proyecto. Este es el mismo Secretario que planteaba la constitucionalidad de la Ley 160 del Sistema de Retiro para Maestros, la cual fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo.”


Nieves Torres afirmó que “el Secretario de Justicia comete un grave error al calificar este proyecto como una propuesta de justicia social que protege a los estudiantes de menos recursos económicos. Si eso fuera cierto el proyecto tendría que especificar el nivel de pobreza entre los estudiantes y utilizar ese criterio para identificar las escuelas de estudiantes con menos recursos económicos. La realidad es que el proyecto se basa en el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas y no tiene nada que ver con los recursos económicos de los estudiantes.”


“Es importante observar que el Secretario de Justicia no fue categórico en cuanto a la constitucionalidad del proyecto porque tuvo reservas en relación a la designación de los miembros de la Junta que crea el mismo. Sin embargo, al afirmar que en el uso de fondos públicos el proyecto no viola la Constitución, es una opinión vaga y sin análisis específico sobre la aportación económica del Estado a entidades privadas que no canalizan todos los fondos recibidos hacia las escuelas públicas. El proyecto establece asignación de fondos a la Junta de Alianzas, que es un ente privado, para su administración y funcionamiento. Asigna a la Junta un millón de dólares ($1,000,000) para el año fiscal 2015-2016. Esto lo ignora la opinión del Secretario de Justicia.”




“Es lamentable que el Secretario de Justicia se una al engaño de que las escuelas bajo la Junta siguen siendo públicas. El proyecto especifica que están fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación y no les aplican las leyes de personal. Esa es la realidad de todas las escuelas privadas de Puerto Rico. Por lo tanto, el Secretario de Justicia no hizo bien su asignación,” concluyó el líder magisterial.

miércoles, 7 de octubre de 2015

Los directores de Escuela también se oponen a la reforma de Bhatia



29 de septiembre de 2015



Buenos Días, Mi nombre es Jorge Luis Soto Díaz, Presidente de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico. Agradecemos a la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico por su invitación y brindarnos la oportunidad de expresar nuestra opinión sobre éste.


La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico Inc. desde su creación en el año 2000, tiene como propósito primordial la defensa de la escuela pública y la lucha por los derechos y el bienestar de sus directores y directoras. Comparecemos hoy ante esta Comisión con la encomienda de reafirmar ese convenio con la escuela pública y de los que a pesar de todos los contratiempos y atropellos que enfrentan mantienen su voluntad y compromiso de trabajar por una educación pública de excelencia, los directores y directoras escolares.


Podemos validar esta lucha que el próximo 12 de octubre cumple 15 años, mediante las acciones realizadas por esta Organización en el ámbito legal, administrativo y legislativo. En el ámbito legal nuestra organización en el 2007, presentó un recurso con el propósito de detener la práctica del Departamento de Educación de enmendar por decreto y no por legislación su Ley Orgánica con la intención de debilitar la autonomía escolar. En el administrativo fueron muchas las instancias donde realizamos piquetes y un cabildeo intenso para lograr un poco de justicia en términos de salario y condiciones de trabajo. Desde el año 2005, enfrentamos férreamente en el legislativo los intentos de enmendar la Ley 149 del 30 de junio de 1999 mejor conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico, con el propósito de dar validez a los procesos y estructuras administrativas que aún persisten y que eran y son incompatibles con dicha ley.


Estipulado esto, comparecemos nuevamente ante la Rama Legislativa con el propósito de presentar nuestra oposición ante el Proyecto del Senado 1456 que propone enmendar varias leyes especialmente la Ley 149 del 30 de junio de 1999 (Ley Orgánica para el Departamento de Educación), con el alegado propósito de mejorar la educación pública mediante la creación de las “Escuelas Públicas Líder” y la Junta de Alianzas e Innovación Educativa.


Para fundamentar la posición de la Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico partiremos del análisis de un párrafo de la exposición de motivos del P. del S. 1456.


En la página 4 de su exposición de motivos el P. del S. 1456 expresa lo siguiente:

“La actual condición de nuestro sistema de educación pública ha sido el producto de múltiples administraciones gubernamentalescuyas determinaciones desacertadas, políticas públicas desenfocadas y mala utilización de los recursos disponibles ha desembocado en la crisis que hoy enfrentamos. La administración defectuosa, la carencia de parámetros de eficiencia la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas han sido parte de los serios problemas que enfrenta nuestro sistema de instrucción pública. Nadie se hace responsable por el resultado.


Esta premisa que es parte del fundamento en este proyecto señalan con precisión los aspectos que han sido el génesis de la crisis de nuestro Sistema Educativo. La toma de decisiones arbitrarias, inoportunas y contrarias a la Ley han sido una constante en la política pública educativa aplicada mediante memorandos y cartas circulares. El establecimiento por decreto de un sistema jerárquico y burocrático prácticamente cerró las vías de comunicación bilateral, estipuladas en la ley, entre el Departamento de Educación y las Escuelas de la Comunidad. Podemos deducir que la política pública educativa establecida en la Ley 149 no se respetó. Podemos concluir además quienes fueron y en el nivel que se encuentran los responsables. Podemos preguntarnos, ¿Por qué durante todos estos años, alguien con autoridad no le ha pedido cuentas a los presuntos implicados? Parece no cumplirse la máxima que establece que nadie está por encima de la ley.


Este también hace alusión a la rendición de cuentas:

“…la carencia de parámetros de eficiencia la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas han sido parte de los serios problemas que enfrenta nuestro sistema de instrucción pública. Nadie se hace responsable por el resultado”.


Nadie voluntariamente se declara culpable de un delito, hay que probárselo. Pero que sucede si los mecanismos existen pero se utilizan de forma arbitraria e injusta. Veamos.


La Carta Circular Núm. 16-2006-2007-POLĺTICA PÚBLICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, estableció lo siguiente:


El Departamento de Educación tiene como prioridad proveer los recursos, procesos y servicios, que son necesarios para promover un alto rendimiento en el aprovechamiento académico de sus estudiantes. Mientras atendemos esta meta para todas las escuelas de nuestro sistema, se hace necesario prestar atención a aquellas en las que se registran actualmente bajos indicadores de aprovechamiento académico y retención escolar. Estas escuelas son conocidas en nuestro sistema como “escuelas en mejoramiento escolar”. La ley federal “No Child Left Behind” requiere que el Departamento tome acciones concretas para mejorar el rendimiento académico en estas escuelas”.


Estas expresiones contradictorias, las cuales curiosamente están incluidas en todas y cada una de las cartas circulares sobre organización escolar desde el año 2006 hasta el 2013, ponen de manifiesto la intensión del Nivel Central de excluirse como una de las variables necesarias en la fórmula que se estableció con la firma de la Ley 149 de 30 de junio de 1999, (Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de Puerto Ric, cuyo propósito esencial era lograr la excelencia educativa mediante la creación de un Nuevo Sistema de Educación basado en Escuelas de la Comunidad.


Con este acto pretendieron obviar ya fuera por desconocimiento, ineptitud, incapacidad o negligencia la responsabilidad de proveer el apoyo y los recursos fiscales, administrativos y humanos necesarios a la escuela. Procuraron eludir la realidad en función de esto y la autonomía conferida para entonces moralmente poder exigirle cuentas a la Escuela de la Comunidad por sus ejecutorias y resultados académicos. Decidieron de forma acomodaticia plantear el mejoramiento escolar como un proceso requerido por el Gobierno Federal para posponer y relegar la responsabilidad del estado con su Sistema Educativo, incumpliendo con lo estipulado en la Sección 1116(7) (A), que establece que toda acción correctiva tiene que ser consistente con las leyes estatales.


En los últimos cinco años el Departamento de Educación amparado en la Ley Federal ha penalizado a los directores escolares, aplicando acciones correctivas, limitándoles sus funciones y removiéndolos de sus escuelas adjudicándoles responsabilidad única por los pobres resultados académicos obtenidos. El párrafo que citamos del P. del S. 1456 pone de manifiesto la injusticia cometida con los directores escolares.


Por otro lado la Ley 149 en su capítulo dos establece que la Carta Constitutiva, es el acuerdo que confiere el estatus a la escuela como Escuela de la Comunidad y le reconoce la autonomía en las áreas académicas, fiscales y administrativas. Además estipula las acciones correctivas que el Departamento de Educación puede aplicar en caso de que se constate una gestión educativa inefectiva por parte de la escuela.


En su sección 2.12 Pérdida del reconocimiento como escuela de la Comunidad, establece lo siguiente:

“El Secretario dispondrá por reglamento, lo concerniente a la operación provisional de las escuelas que pierdan su reconocimiento, condición en la que no podrán permanecer por más de un (1) año. Si al concluir dicho término, la escuela no hubiese recuperado su reconocimiento, el secretario concederá un plazo adicional de (90) días laborables. Si dentro de ese plazo no se resolviesen las dificultades que impiden la renovación de la Carta Constitutiva, el Secretario podrá remover de sus funciones al personal de la escuela responsable de esa situación. Los estudiantes de las escuelas a las que les hubiese revocado su reconocimiento como Escuela de la Comunidad, disfrutarán de los servicios que se ofrecen a los demás estudiantes del Sistema”.

Como pueden ver tomar acciones correctivas para el mejoramiento del Sistema Educativo no dependían de la Ley Federal. Cabe preguntarse ¿A cuántas escuelas se le retiró el reconocimiento como Escuela de la Comunidad? A ninguna. ¿Por qué no aplicaron el remedio estatal? La respuesta es obvia, no les interesaba, pues las acciones correctivas tenían que ser dirigidas a fortalecer el concepto de Escuelas de la Comunidad autónomas. La excelencia educativa es tóxica para el flujo de fondos federales.


Podemos señalar que prácticamente desde el año 2000 las acciones de los secretarios y sus directrices fueron socavando la autonomía de las escuelas, eludiendo su deber ministerial de cumplir con su función esencial, viabilizar el desarrollo del nuevo sistema de educación. Ante una autonomía que solo existe en el papel y no en ejecución, ¿Por qué el Departamento de Educación exige que las escuelas tengan su Carta Constitutiva si no le reconocen la autonomía que conlleva?, ¿Tiene fuerza moral el Departamento de Educación para exigir responsabilidad a las Escuelas de la Comunidad y sancionarlas por un supuesto requerimiento federal sin haber cumplido con su responsabilidad estatal?


Quiero dejar claro que nuestro Sistema Educativo al igual que en muchos estados dependen de esa inyección de fondos federales suplementarios para mejorar su calidad de la educación. Desde la década del 60 hasta el presente, el Departamento de Educación ha presentado propuestas al Gobierno Federal para conseguir fondos para suplementar no para sustituir los del estado. Esto podría ser la explicación del por qué el dinero no llega a la escuela. Es el Secretario de Educación el que posee la facultad para establecer estos acuerdos. Debo resaltar que como parte del acuerdo el Gobierno Federal impone unos requisitos de cumplimiento para su utilización y dejan claro que estas acciones tienen que ser consistentes con las leyes estatales.


Si es harto conocido que el Nuevo Sistema de Educación basado en Escuelas de La Comunidad con autonomía docente, fiscal y administrativa no existe en la práctica ¿Qué se pretende? La intención es obvia, cumplir con las exigencias federales por el dinero aportado, exponiendo a la escuela como únicos responsables y por lo tanto ser recipientes de las acciones correctivas exigidas en la Ley Federal, fundamentadas en los pobres resultados académicos y reclamadas a la escuela por el Departamento de Educación en función de una autonomía inexistente. Su único fin es presentar al Gobierno Federal un culpable por los pésimos resultados del sistema. Estos pobres resultados académicos son la justificación del Nivel Central para obtener fondos para un supuesto mejoramiento escolar.


Ante este escenario de un fracaso escolar auto infligido, llegamos al 2014, con la posibilidad real de perder los fondos federales y llega el salvavidas de un alegado Plan de Flexibilidad. La Carta Circular 05-2014-2015 POLĺTICA PÚBLICA SOBRE LA CLASIFICACIȮN DE LAS ESCUELAS E IMPLEMENTACIȮN DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIȮN PARA MEJORAR EL APROVECHAMIENTO ACADЀMICO DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON EL PLAN DE FLEXIBILIDAD, establece los parámetros en que se basa ese Plan de Flexibilidad. No nos sorprende que los principios en que se sostiene el acuerdo del Departamento de Educación con el Gobierno Federal para el mejoramiento escolar son en esencia los establecidos en la Ley 149, pues los federales exigen que toda acción correctiva tiene que estar de acuerdo con las leyes estatales. A propósito de esto nuestra Organización le expresó al Secretario de Educación que aprovechara esta oportunidad para cumplir con la Ley 149 y viabilizar la autonomía escolar.


Si estos principios autonómicos son el fundamento para el mejoramiento escolar ¿Por qué se quiere hacer creer que es por mandato federal lo cual no es cierto y no por las estipulaciones de la Ley Orgánica del Departamento de Educación? La contestación es obvia, reconocer esta premisa es confesar claramente el incumplimiento de esta Ley. Pretenden encubrir esta realidad exponiendo como bondades del Plan de Flexibilidad el brindarle a las Escuelas de la Comunidad lo que legalmente le corresponde “AUTONOMÌA”.


El problema que limita a este supuesto Plan de Flexibilidad es que lo que se pretende no se puede implantar utilizando la misma estructura operacional ilegal, centralizada y burocrática que han mantenido utilizando por conveniencia y que no es a fin ni permite una verdadera autonomía. Ante este hecho y luego de finalizado el tiempo del acuerdo, vaticino el fracaso del Plan de Flexibilidad y la opción que considerará el estado para encubrir su irresponsabilidad y acceder a los fondos federales será la privatización del 15% de las escuelas del Sistema Educativo mediante las Escuelas “Chárter” que es la última acción correctiva injusta que les queda .


Para finalizar pregunto, ¿Podemos incluir a la administración actual del DE como parte de las múltiples administraciones gubernamentales cuyas determinaciones desacertadas, políticas públicas desenfocadas y mala utilización de los recursos disponibles ha desembocado en la crisis que hoy enfrentamos? Si la respuesta esno este proyecto se hace académico. Si la respuesta es sí bastaría con exigirle cuentas al Secretario de Educación para que cumpla con su ley magna y comience a hacer lo que se debió haber hecho.


Por lo antes expuesto La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico entiende que el proyecto es completamente innecesario



Jorge L. Soto Díaz, Presidente ONDEPR

lunes, 5 de octubre de 2015

Despilfarro, abuso y fraude: Las escuelas "LIDER" de Bhatia

El Senador Eduardo Bhatia anda promoviendo una reforma educativa haciéndole creer al país que arreglará el sistema cuando la realidad y la experiencia en EEUU ha sido otra.


Un estudio realizado por el "Center for Popular Democray" de EEUU halló que las escuelas charter adolecen de serias fallas inherentes y sistemáticas que fomentan la corrupción, el despilfarro y el abuso. El dejar a los operadores escuelas charter (que Bhatia llama por el seudónimo "LIDER") decidir sus presupuestos y no rendir cuentas o rendirlas como ellos quieren conduce a serias irregularidades. El estudio halló las siguientes cosas en escuelas charter:



1. Algunos dueños de charter estaban usando fondos públicos para ganancia personal mientras aseguraban ser "instituciones sin fines de lucro".


2. Los dueño de las charter desviaban fondos de las escuelas para "otros negocios".


3. Como consecuencia de los desvíos de fondos la seguridad y bienestar de los estudiantes se puso en peligro.



4. Las charter solicitaban fondos para dar servicios que luego no proveían.


5. Se manipulaban datos y estadísticas para allegar más fondos.


6. Se halló que muchas de las escuelas charter hacían mal manejo de los fondos públicos y de las escuelas que tenían a cargo.


Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que divulgar esto. El Senador Bhatia quiere hacer pasar como buena una reforma que va a destruir el sistema público de enseñanza. Si no presentamos resistencia ahora tendremos que quedarnos a mirar como destruyen el sistema educativo y a nuestro país junto con él.



Fuente
http://populardemocracy.org/sites/default/files/Charter-Schools-National-Report_rev2.pdf

domingo, 4 de octubre de 2015

La Mafia Monetaria Internacional Apoya a Alejandro García

El que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija dice un refrán. Últimamente el gobernador Alejandro García Padilla ha estado destruyendo nuestro país por medio de impuestos alocados, mala distribución de recursos y una reticencia a decir la verdad. Cuando uno está en la posición del gobernador lo mejor que hace es buscar asociarse con personas que tengan buena reputación o conseguir apoyo de personas con buena reputación para poder mejorar la imagen y no ser visto como malo.


Esta mañana me encuentro con un artículo de El Nuevo Día que dice que el Fondo Monetario Internacional apoya las medidas que está haciendo este gobernador. Lo reportan como si eso fuera algo bueno. El Plan de Ajuste Fiscal de éste gobierno es en realidad un plan que nos llevará a pasar por lo que pasó Grecia y nos dejará peor que a Haití.

Cualquiera se impresionaría con el hecho de que un organismo como el Fondo Monetario Internacional apoya a un gobernador. La realidad es que históricamente el Fondo Monetario Internacional se ha caracterizado por comportarse como un usurero mafioso que presta dinero a cambio de altos interéses a países en necesidad y cuando no pueden pagar los obliga a realizar AJUSTES que terminan fastidiando a la gente.

Yo no me alegraría que ese grupo me estuviese apoyando. Sería como decir que el Chapo me apoya en un momento en que estoy siendo acusado de un crimen.

Veamos qué cosas ha hecho el FMI que apoya a Alejandro y que nos esperan a nosotros:

1. Este es el Fondo que se ha comportado como un usurero llevando a Grecia al colapso. 

2. Es el fondo que intentó detener un proceso democrático para forzar a Grecia a que pagaran a la cañona su prestamo usurero.

3. Es el fondo que ha apoyado a banqueros y políticos que quebraron las economías de países en el mundo.

4. Cada vez que interviene en países fomenta que se protejan a ricos, los bancos y se pongan impuestos a los pobres.

5. Está asociado a los medios manipuladores para que impulsen sus "reformas" que fastidian a la gente.


6. Fue el que sugirió que se aumentaran edades de retiro y redujeran las pensionas para matar a los ancianos a fuerza de carencia y hambre. El FMI considera a los ancianos un gasto que debe reducirse. Sus políticas han provocado crisis y suicidios de ancianos desesperados cuando les quitan sus derechos.

7. Le presta dinero a los países y los endeuda tanto que a cambio les exige control sobre su política.



El Fondo Monetario Intarnacional es una mafia que se está apoderando del mundo al llevar países al endeudamiento y cobrándoles no solo en dinero sino también e su autonomía. Es el organismo que llevó a la quiebra a Grecia, España y Países de África. Ahora ellos son los que apoyan


viernes, 2 de octubre de 2015

Chris Harper Mercer: la encarnación del discurso de odio ateo



Hoy me levanté leyendo la triste noticia sobre el tiroteo en una universidad de Oregon. El presidente Obama salió lamentando la muerte y como siempre echándole la culpa a la Segunda Enmienda cuando la realidad es que las pistolas no tienen la culpa sino la gente que las mal utiliza. Aquí hay algo que la prensa ni el presidente han tomado en cuenta, Chris Harper Mercer quería matar cristianos. Según varios reportes de prensa cuando el tipo llegó le preguntaba a las personas una a una si eran cristianos. Al que respondía que sí le disparaba en la cabeza a los que respondían que no los hería en las piernas.


Déjenme citarle las frases más famosas del ateismo militante:

"La religión es capaz de llevar a la gente a tal grado de idiotez peligrosa que debería ser calificada como una enfermedad mental." - Richard Dawkins


"...ridiculícenlos, muestren desprecio por su fe..." - Richard Dawkins en una manifestación de ateos en EEUU


"Últimamente he comenzado a pensar que debemos ir más allá, más allá del la ridiculización humorística y apuntar nuestras lanzas de manera que hieran." Richard Dawkins



Hay dos clases de ateos: el intelectual y el militante. Casi siempre la gente no conoce mucho de los ateos intelectuales porque a pesar de que los ateos presumen de ser personas pensantes no les gusta leer. A la gente le llama más la atención los ateos militantes que recurren a discursos cargados de lenguaje ofensivo y agresivo como Dawkins.


El discurso agresivo ateo es el que más se a difundido por las redes y círculos ateos. Lo he visto en el tiempo que llevo debatiendo con ateos en las redes. He sido objeto del discurso de odio ateo llegando incluso a tener que reportar una cuenta de Twitter que comenzó a lanzar ataques personales contra mí deseándome la muerte y mentándome a mi madre en una grabación que anda circulando por ahí.


La libertad de expresión es un derecho pero es algo que puede ser abusado. La portación de armas es un derecho y es un derecho que puede ser abusado. Una arma no conduce a una persona a matar pero un discurso, las palabras mueven a personas a hacer acciones.


Chris Harper Mercer es la encarnación del discurso de odio ateo, ese discurso que lleva a despreciar a cristianos y a mostrar desprecio por sus creencias. De mostrar desprecio por una creencia a despreciar a la persona es un paso. El discurso de odio ateo conduce a personas a despreciar a los cristianos. Ese es el discurso que le llenó la cabeza a Chris Harper y lo movió a seleccionar cristianos para matarlos. El presidente Obama debería estar condenando más el desprecio y la motivación que la posesión de armas.


A mi no me asusta una pistola me asusta una persona que no sabe usar su criterio para analizar una opinión y acepta como bueno cualquier cosa que diga una persona que escribió algo porque es famosa. Me asustan los fanáticos ateos que pululan en las redes y que en algún momento de sus vidas decidan imitar a Chris Harper.


Publicado originalmente en Facebook

Cómo exterminar a una sociedad...


jueves, 1 de octubre de 2015

Emilio Nieves Torres le da una lección a Eduardo Bhatia

PONENCIA ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE PUERTO
RICO SOBRE EL PS1456

Mi nombre es Emilio Nieves Torres, presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE). Estudié en la escuela pública desde primero hasta duodécimo grado. Completé mis estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras como maestro de ciencia en el nivel secundario. Trabajé un año en el Colegio Del Carmen (Río Piedras) y 30 años de maestro en escuelas públicas de Guayama y Salinas, principalmente como maestro de física. Además, he ejercido mi función como educador en la escuela nocturna y en proyectos comunitarios de desarrollo educativo y empresarial.



Desde mis años de estudiante y desde que me inicié como maestro en el año 1982 hasta el presente, he sido testigo de diversas iniciativas que se han impulsado en el Departamento de Educación y que han sido víctimas de la politización o partidización en la cual se descontinúan medidas positivas y las decisiones pedagógicas están subordinadas a la política partidista en los nombramientos y el uso de fondos públicos. Esto a su vez ha generado mayor burocracia, centralización y resistencia de los gobiernos a democratizar la escuela. Cuando en la década del 80 se comenzó a promover el pensamiento crítico para salir de una visión bancaria de la educación y dar paso a una educación liberadora, hubo resistencia gubernamental porque eso implicaba “perder el control.” En la década del 90 aumentó la partidización de las estructuras administrativas del Departamento de Educación y se impulsaron modalidades de privatización en las escuelas públicas, incluyendo el uso de fondos públicos para que los estudiantes “emigraran” a las escuelas privadas. Ya a fines de la década del 90 surgen dos leyes que traen nuevas posibilidades a la escuela pública. La Ley 45 de 1998 sobre la sindicación de los empleados públicos y la Ley 149 de 1999, Ley Orgánica del Departamento de Educación que viabiliza la implantación de escuelas de la comunidad con autonomía administrativa, fiscal y docente. Ambas leyes iniciaron una nueva experiencia de participación democrática en el gobierno de las escuelas. Sin embargo, aunque se inició el proceso de implantación de ambas leyes, nuevamente la política partidista en la agencia se resistió a esos cambios. A partir del año 2001 se aprueba en el Congreso de Estados Unidos la Ley “No child left behind” la cual se utilizó y se continúa utilizando para federalizar y desplazar el desarrollo de nuestro proyecto educativo, mediante cartas circulares que subordinan la Ley 149 de 1999 a la Ley NCLB.



Desde el 2002 hasta el presente el Departamento de Educación dejó de impulsar un proyecto educativo puertorriqueño, para girar en torno a la Ley NCLB y los fondos federales que le acompañan. El exsecretario de Educación, Rafael Aragunde, expresó en un escrito de octubre de 2013 que “la obsesión con traer fondos federales aunque no sean necesarios es un ejemplo más de cómo el sistema escolar público es afectado por dinámicas que poco tienen que ver con las consideraciones educativas que en Puerto Rico y en el mundo entero se deben atender. Huelga decir que no solo nosotros padecemos de este mal. En Estados Unidos ocurre lo mismo. La misma ley federal NCLB responde en ciertos apartados a los intereses económicos de colaboradores texanos del presidente Bush, quienes se lucraron enormemente a través de las compañías que crearon para ofrecer los servicios suplementarios que exige el documento.”




¿Cuál ha sido el producto de estos 12 años bajo la Ley NCLB? Se ha generado una cultura de fracaso, demonizando a la escuela pública utilizando como parámetro el resultado de pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas). En Puerto Rico se ha desacreditado al magisterio, a los estudiantes y hasta a las universidades que preparan maestros. Coincido con Rafael Aragunde cuando en su escrito plantea que hay que “reconocer y evaluar justamente lo que se ha logrado. Nuestras escuelas públicas siguen enviando miles de estudiantes a las mejores instituciones universitarias del país, al igual que a otros centros educativos donde se les prepara en las llamadas carreras cortas. Si hoy se dice que no llegan con las destrezas adecuadas, es imprescindible reiterar que se decía lo mismo hace cuarenta años y probablemente se repita dentro de algunas décadas, aun cuando se haya alcanzado cierta mejoría.” Esto no significa asumir el conformismo, sino que debemos partir de los logros obtenidos para encaminarnos a fortalecerlos, acentuarlos.


Acentuar o desacreditar la escuela pública 

Para acentuar la escuela pública es indispensable acentuar sus éxitos, de estudiantes y maestros. Acentuar la escuela pública no puede consistir en desarrollar una campaña que desacredita a estudiantes y maestros. Por ejemplo, en esta página se presenta que el 70% de los estudiantes han fracasado y que diariamente se ausentan 3,000 maestros. Esta proyección del desastre educativo es parte de una campaña que desinforma y proyecta una imagen de fracaso de la escuela pública. Por lo tanto, es indispensable corregir esa campaña de descrédito con los siguientes datos y análisis: 

1- Proyectar que el 70% de los estudiantes ha fracasado en la escuela pública es un dato que no corresponde a la totalidad de los estudiantes en el DE. Corresponde al resultado de las Pruebas Puertorriqueñas del grado 11 en la materia de matemáticas. Aunque posteriormente se presentan los datos correctos, es evidente la intención de proyectar el fracaso de la escuela pública para justificar este proyecto.


2- El dato de 3,000 maestros ausentes diariamente carece de fundamento estadístico y del análisis correspondiente. El pasado 23 de octubre de 2014 en vistas públicas de esta Comisión Especial el presidente del senado afirmó, ante funcionarias de la oficina del Secretario de Educación, que diariamente se ausentaban 7,000 maestros. Las funcionarias corrigieron este dato planteando que eran de 2,000 a 3,000 maestros. Ante esta corrección, el presidente del senado afirmó que ese era el dato que le habían dado desde Fortaleza. Esto nos conduce a afirmar que para analizar el ausentismo de maestros hay que partir de datos estadísticos precisos y de estudios realizados en el DE. Si el dato de 3,000 maestros ausentes es correcto, esto representa el 10% de los maestros. Es decir, hay que destacar la asistencia del 90% de los maestros y la necesidad de aumentar ese por ciento. Hay que precisar que ese número de ausentismo incluye a directores y otros funcionarios docentes del DE. Además, incluye ausencias justificadas por enfermedad, incluye ausencias por licencias (maternidad, militar,…), reuniones o actividades oficiales fuera de la escuela, en descanso por el Fondo de Seguro del Estado, entre otras. Cabe señalar que desde el año 2009, a más de 15,000 maestros, se les ha instruido anualmente a ausentarse para agotar los días en exceso por enfermedad, debido a la suspensión o eliminación del pago de días en exceso por enfermedad. A pesar de esto, miles de maestros no agotan la totalidad de esos días acumulados. Basta ya de la agenda anti magisterial. Les recomiendo solicitar al Secretario de Educación diversos datos y estudios sobre este tema, como el estudio de Falcón Sánchez Consulting Group.

3- Es necesario corregir el dato que establece que hay un 40% de deserción escolar. Este dato no tiene base científica. Si los datos más recientes del DE establecen una retención escolar de 83 a 88%, no puede afirmarse una deserción escolar de 40%. Cabe señalar que en los datos sin base científica, incluyen en la deserción escolar a estudiantes que se trasladan a escuelas privadas, escuelas en Estados Unidos, escuela nocturna, escuelas alternativas, entre otras. Además, hay estudiantes que se dan de baja por enfermedad, trabajo, “Home schooling”, matrimonio, embarazo, entre otras. Conclusión: no es posible validar el dato de un 40% de deserción escolar cuando los estudiantes completan en otro país o con otras alternativas su escuela superior. Debe precisarse a qué nos referimos con deserción escolar y cuáles son los factores que inciden.


Pruebas Puertorriqueñas se derrumban como justificación del proyecto

Hoy nos enfrentamos a un proyecto que toma como referencia el fracaso de la Ley NCLB que pretendía que en el año 2014 el 100% de los estudiantes aprobara las pruebas estandarizadas. Es un proyecto que tiene cuatro temas principales (enmiendas a la Ley 149, presupuesto, cierre de escuelas y escuelas chárter) basados en el resultado de las pruebas estandarizadas que establecen el fracaso de los estudiantes. Los estudiantes no fracasaron. Fracasó la prueba estandarizada que esta Comisión se ha negado a investigar. No investiga a la compañía Pearson, la cual diseña la prueba, impone los criterios de administración y la corrige. No ha investigado a las compañías privadas que han administrado sobre 1,000 millones de dólares para ofrecer un servicio de tutorías a los estudiantes y otros cientos de millones de dólares para el desarrollo profesional de maestros y directores escolares. No se les ha exigido que rindan cuentas. ¿Cuáles son los resultados de la privatización (tutorías, desarrollo profesional, “coaching”, servicios EE…)? Es decir, sin investigar medidas de fondos asignados, en el pasado y en el presente, a empresas privadas y a alcaldes para que mejore el aprovechamiento académico de los estudiantes, ahora se propone ampliar la asignación de fondos a quienes no han demostrado resultados favorables y no han rendido cuentas. Hay que tener cuidado con la manipulación e interpretación de datos. Por ejemplo, el pasado domingo 27 de septiembre en un artículo se hace referencia a una “alianza municipal” en la que un 30% de los participantes mejoraron sus calificaciones. Con iniciativas de tutorías desarrolladas en las propias escuelas, el 50% o más de nuestros estudiantes han mejorado sus calificaciones. El problema es que si el parámetro son las Pruebas Puertorriqueñas, el 30 % de estudiantes que mejoró en sus calificaciones realmente fracasó. Los municipios también fracasaron. Son municipios principalmente de alcaldes del Partido Popular que han recibido fondos y que habría que investigar los criterios de selección del personal contratado y si la compra de vehículos para el programa se utilizaron de esos fondos de Título IV.



En este proceso de vistas que se está llevando a cabo hay personas que aunque expresan su apoyo a esta medida han hecho planteamientos que evidencian los fundamentos equivocados del PS 1456. Cuando la Dra. Ana María Blanco señala que hay que utilizar otras métricas que trascienda las Pruebas Puertorriqueñas y plantea que un por ciento tan alto que se cuelga en dichas pruebas no es válido, derrumba la principal justificación de este proyecto. Es decir, el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas que se utilizan para identificar el 15% de escuelas en rezago, no es válido. Por su parte, el Presidente de la UPR, Uroyoan Walker, establece que “recomendamos que se añadan otras métricas o elementos cualitativos a través de estudios de casos, etnografías, portafolios, entre otros para recoger la información que sustente la efectividad de la enseñanza y la ejecución de los estudiantes. Éstas atemperadas a las características y necesidades de los estudiantes y de la comunidad escolar, las cuales son diversas en las diferentes áreas geográficas a través de nuestro archipiélago, el nivel de pobreza que es un aspecto que incide en la efectividad de la enseñanza.” Este es otro planteamiento contundente que invalida el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas porque existen otros factores que inciden en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, no se justifica este proyecto que se sustenta en el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas.



Por otro lado, este proyecto, para justificarse, niega la información sobre el éxito de las escuelas de Puerto Rico, incluso datos que se han presentado aquí en esta Comisión Especial en las vistas públicas desarrolladas en el año 2014. Por ejemplo, los superintendentes de escuelas que vinieron aquí presentaron datos sobre la distribución de notas en las que los estudiantes tienen sobre 70% de notas ABC en matemática y 80% o más en español. Esto contrasta con un 30% y 40% en Pruebas Puertorriqueñas, respectivamente, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿por qué los resultados de las notas obtenidas y de las pruebas puertorriqueñas no son similares? ¿Cuál refleja el verdadero aprovechamiento académico de los estudiantes? La respuesta a estas preguntas es sencilla para los que pasamos por la escuela sin pruebas estandarizadas, excepto las pruebas del College Board. Para cualquier estudiante es más importante la prueba que le administra y las tareas que le asigna su maestro, que una prueba estandarizada que no respeta la diversidad, no reconoce las inteligencias múltiples, no reconoce las diversas condiciones de estudio para los estudiantes, entre otras razones.




Para intentar justificar este proyecto se hace referencia al “deterioro académico” a base de los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas. Durante más de 10 años el resultado de las pruebas estandarizadas se ha mantenido más o menos con los mismos resultados y el presidente del Senado ha identificado la causa, de modo simplista, en que los maestros se ausentan y no hay consecuencias para los maestros. Esta conclusión simplista denota falta de conocimiento de la pedagogía y de los diversos instrumentos para medir el aprovechamiento académico. Además, obvia los diversos factores que inciden en el aprovechamiento académico: psicológicos, familiares, sociológicos, gerenciales, ambientales, infraestructura y docentes, entre otros. A esto hay que añadir que la mayoría de los estudiantes, como lo reconocieron aquí en las vistas que hizo esta Comisión Especial, no le dan importancia a estas pruebas. El propio Secretario de Educación reconoció que los estudiantes no le dan importancia a las pruebas estandarizadas, no le encuentran pertinencia y las contestan tin marin. Esto nos lleva a la conclusión contundente de que el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas no es válido, no es confiable, no refleja el verdadero aprovechamiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, este proyecto no puede justificarse con resultados que no pueden reflejar cuál es el verdadero aprovechamiento académico de nuestros estudiantes. Por más de 10 años el magisterio puertorriqueño, madres, padres y estudiantes hemos expresado que la cultura de fracaso de las escuelas públicas que se ha promovido por más de 10 años a base de las Pruebas Puertorriqueñas es un engaño, un fraude y una trampa para justificar la privatización de las escuelas públicas. Este proyecto (PS 1456) confirma lo que les estoy planteado.


Para ilustrar a esta Comisión sobre las pruebas estandarizadas me parece necesario hacer referencia a afirmaciones profesionales e institucionales:

 “No hay prueba o instrumento de medición que sea capaz de medir o capturar la amplitud y complejidad de lo que se ha aprendido. Es demasiado pretender que la ejecución o la puntuación de una prueba significa calidad educativa. Una prueba es un instrumento que provee información limitada acerca del aprovechamiento estudiantil. El uso exclusivo de los resultados de una prueba estandarizada para determinar el aprovechamiento académico estudiantil y tomar decisiones importantes es un error ético y técnico.” Dra. María del Rosario Medina (UPR)


 “Estamos convencidos de que el proyecto educativo no puede estar circunscrito al ejercicio de pasar unas pruebas de aprovechamiento.” Justo Méndez (Nuestra Escuela)


 “Emplear pruebas estandarizadas de logros para averiguar la calidad educativa es como medir la temperatura con una cuchara. Las pruebas estandarizadas tienen la misión de medir algo distinto que cuán buena o cuán mala es una escuela. Las pruebas estandarizadas deberían usarse para hacer las interpretaciones comparativas que se supone deben suministrar. Las compañías que diseñan y venden pruebas estandarizadas son todas propiedad de grandes corporaciones que intentan generar utilidades para sus accionistas.” Tomado de Educational Leadership - Profesor W. James Popham


 “Hemos tenido más de una década de exámenes estandarizados y ahora necesitamos admitir que no ayudan. NCLB es una ley punitiva basada en supuestos erróneos sobre cómo mejorar las escuelas. Una buena educación no se puede alcanzar con una estrategia de probar estudiantes, desacreditar maestros y cerrar escuelas.” Diane Ravitch, exsecretaria asistente de Educación de Estados Unidos


 “PISA no está diseñado para evaluar el aprendizaje de los contenidos específicos fijados en los programas de las escuelas, de los distritos o regiones correspondientes. Tampoco está pensado para evaluar el desempeño de los docentes, ni los programas vigentes.” (www.oecd.org/pisa)



La Exposición de Motivos, enmarcada en los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas, plantea como pregunta fundamental “si nuestros niños y niñas educados en las escuelas públicas de Puerto Rico están recibiendo hoy la mejor educación posible, accesible y disponible.” Esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es: ¿Se ha cumplido con los principios y medidas de la Ley Orgánica del Departamento de Educación (Ley 149 de 1999) para garantizarles a las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes la mejor educación posible, accesible y disponible? Esto genera otras preguntas fundamentales: ¿Qué se ha cumplido de la Ley 149? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Toda legislación que intente reformar, tiene que partir de lo que hemos hecho, lo que hemos omitido y lo que tenemos que mejorar.


La exposición de motivos indica que la Ley 149-1999 recogió el concepto de Escuelas de la comunidad y “se reformó la estructura funcional del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico”. Añade que “han transcurrido quince (15) años desde este último esfuerzo y el deterioro del sistema educativo ha sido uno marcado y constante que requiere acción inmediata y efectiva”. La pregunta es ¿se reformó la estructura funcional? ¿Se implantó lo que corresponde hacer al distrito escolar y la región educativa en apoyo a la escuela pública? ¿Existe un análisis de los últimos 15 años en los cuales se pueda evidenciar qué se ha cumplido de la Ley 149? ¿Qué no se ha cumplido?, ¿Por qué no se ha cumplido?


La pregunta es: ¿Cómo medimos el aprovechamiento académico? Los educadores medimos aprovechamiento mediante 15 notas que recibe el estudiante durante el año escolar en cada clase por las tareas, pruebas, ejercicios de práctica, informes orales y escritos. Otros indicadores son: cuadro de honor en cada escuela, por ciento de retención escolar, por ciento de graduados, participación de estudiantes en competencias académicas y actividades deportivas y/o culturales, entre otros. Con las Pruebas Puertorriqueñas se ha estigmatizado al estudiante puertorriqueño y somos las organizaciones magisteriales las que hemos estado reclamando la defensa del servicio educativo que ofrecen los maestros y maestras, y del aprendizaje que logran nuestros estudiantes, el cual es negado por los politiqueros, los comentaristas que no se informan o hablan a base de información parcial o del prejuicio. A esto se añade una opinión pública que ha estado engañada por administraciones gubernamentales que han utilizado a nuestros niños como mercancía y así tener acceso a los fondos federales. De eso es que se trata todo esto: federalizar el sistema educativo porque así llegan los fondos federales.


No se puede reformar la administración del Departamento de Educación, sin entender los efectos de esa administración en la pedagogía, la dinámica enseñanza- aprendizaje, los niveles de pensamiento, los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales, las inteligencias múltiples y las diversas actividades de assessment. Lo que ocurre en el salón de clases se mejora en la medida en que las estructuras administrativas necesarias apoyan (no obstaculizan) el proceso educativo.


Ante este proyecto es necesario pensar y analizar bien, qué estamos tirando por la borda y qué estamos perdiendo. La verdad que sirve de base a este proyecto no es la defensa de los niños de Puerto Rico, sino la defensa de los fondos (sin la fiscalización de su uso) que pueden ser utilizados por el sector privado y por los alcaldes (que van a politizar más la educación a través de los nombramientos, el currículo y las actividades extracurriculares).

En estas vistas se han presentado instituciones universitarias, escuelas alternativas y otros proyectos que tienen alianzas con el DE, como proyecto CASA. Han presentado sus logros pero ningún legislador les ha preguntado: ¿sus estudiantes han aprobado las Pruebas Puertorriqueñas?, ¿Cómo miden y evidencian el aprovechamiento académico de los estudiantes? ¿En cuánto tiempo hacen los tres grados de escuela superior: tres años, un año, tres meses? ¿Cuántos estudiantes por grupo tienen los maestros: 35, 20, 12, 5? ¿Cuáles niveles de pensamiento se implantan en la sala de clases? ¿Tienen los estudiantes la presión de que tienen que pasar las Pruebas Puertorriqueñas? ¿Cuántos estudiantes de educación especial atienden? ¿Los maestros tienen que utilizar los estándares del DE Federal? ¿Los maestros tienen que cumplir con la burocracia de la planificación, la preparación de carpetas con documentación profesional y del DE, los informes, los referidos, etc.? ¿Los salones de clase tienen aire acondicionado o abanicos suficientes? ¿Cuál es el horario de clases? Hay muchas otras preguntas que son necesarias realizar antes de considerar un proyecto de esta naturaleza que requiere de un análisis amplio y justo, para evitar comparar chinas con botellas. Lo que significa, que para ninguna de las partes es justo comparar escuela alternativa con la escuela pública. La escuela alternativa cumple una función que complementa a la escuela pública, no la sustituye. En la medida que fortalecemos la escuela pública se hace menos necesaria la escuela alternativa o cualquier escuela privada.



¿Van las entidades privadas y los alcaldes a ser supervisados por la Región Educativa o el Distrito Escolar? ¿Qué injerencia van a tener estas estructuras administrativas? ¿La organización escolar de las escuelas chárter, va a ser aprobada por el distrito escolar y por la región educativa? ¿Qué impide que eso ocurra ahora sin necesidad de entregar escuelas a entidades privadas o a municipios? Nada, porque está establecido en la Ley 149 de 1999. Es un asunto de voluntad.



Capítulo 2: Enmiendas a la Ley 149

Hasta el presente, las enmiendas que se han hecho a la Ley 149 no han creado estructuras paralelas, ni justificado la privatización de escuelas, porque se mantiene el principio y la responsabilidad del Estado con el servicio esencial de la educación. En el PS 1456 se inicia la renuncia del Estado a esa responsabilidad.



Los artículos 2.01 y 2.03 proponen la creación de una estructura paralela al DE. Eliminar, de la Ley 149, en el artículo 1.02 inciso e: “fuera de la jurisdicción del Departamento” y “bajo la jurisdicción del Secretario”, evidencia la modalidad privatizadora que implantaría la Junta con las escuelas entregadas a entidades privadas y a los municipios, en la cual el secretario de Educación no tendrá injerencia alguna o mínima. Esto se repite en el artículo 2.03 que enmienda el artículo 2.02 de la Ley 149 para clasificar escuelas “bajo la jurisdicción del Departamento de Educación” y otras “bajo la Junta de Alianzas e Innovación Educativa.” El Presidente del Senado ha intentado justificar esta realidad al expresar que la Junta se trata de administrar y que lo educativo le corresponde al Secretario. La verdad es que las escuelas “Líder”, bajo la jurisdicción de la JAIE, tendrán las mismas características de las escuelas privadas, lo cual es un intento de burlar la Constitución de Puerto Rico.



El inciso f añadido a la Ley 149, mediante el artículo 2.01 de este proyecto (PS 1456), tiene el efecto de derogar la Ley 149 al imponer el carácter de supremacía sobre la Ley 149.


El artículo 2.04 del PS 1456 enmienda al artículo 2.05 de la Ley 149 para quitarle poder decisional al Consejo Escolar, que es representativo de los diversos componentes de la comunidad escolar, en el uso de fondos. Esto es inaceptable, pues representa un retroceso democrático que evita la transparencia.


Sobre la enmienda al Artículo 2.13 inciso 21 de la Ley 149, que propone el artículo 2.05 del PS1456, planteamos: Que el director seleccione el personal, se presta para nombrar a base de la amistad, la relación familiar, la política partidista o la subjetividad de las relaciones interpersonales. Esto es como autorizar al comandante de cada cuartel de la policía a seleccionar los policías que trabajen en su distrito. (Ver Ley 94 de 1955)


El artículo 2.09 del PS 1456 enmienda el artículo 2.19 de la Ley 149. Lo que enmienda este artículo evidencia las medidas anti magisteriales de este proyecto; reducir la representación docente en el Consejo Escolar y eliminar el principio de que “la representación del personal docente siempre será mayoritaria”, no tiene otra explicación que no sea reducir o eliminar la participación del recurso principal en la toma de decisiones. El maestro es el personal esencial para desarrollar el proceso educativo y por lo tanto es la principal representación que debe estar garantizada en el Consejo Escolar. ¿Por qué atacar al maestro que es el principal agente de formación de nuestros estudiantes?




El artículo 2.10 del PS 1456 enmienda el artículo 2.20 de la Ley 149 para darle poder decisional a una “entidad externa”, que supuestamente existe para administrar, interviene en decisiones del día a día escolar. Esto es inaceptable.



El artículo 2.11 del PS 1456 elimina la autorización del Consejo Escolar en el presupuesto y uso de fondos que le otorga actualmente la Ley 149 en el art.2.21, lo que implica sustituir la autonomía fiscal que ejecuta el consejo escolar por la entidad privada o el Municipio.



El artículo 2.12 del PS 1456 propone enmendar el art. 3.07 de la Ley 149 para que el Secretario elabore normas sobre el programa de materias básicas y que no intervenga en el resto del programa de estudio en las escuelas “Líder” Si el Secretario no establece “el resto del programa de estudio” en las escuelas “Líder”, ¿quién lo hace?, ¿la entidad privada?, ¿el municipio? ¿a base de cuáles criterios? Cabe señalar que para efectos de este PS 1456 las materias básicas no incluyen los Estudios Sociales.


Por otro lado, rechazamos la enmienda al artículo 3.07 inciso d) de la Ley 149. Es injusta la medida punitiva de que un estudiante que repruebe una clase básica repita el grado completo, porque implica repetir las clases que ya aprobó. A quien se le ocurrió esta barbarie, ¿estudió la carta circular de organización escolar que establece una medida razonable para esto?


En relación al artículo 2.15 del PS 1456 que enmienda el artículo 4.08 de la Ley 149, es inaceptable la imposición de 6 créditos de educación continua por semestre fuera de horas lectivas. Jamás en la historia una medida legislativa ha tenido tanto ataque vicioso y prejuiciado contra el magisterio. ¿Acaso ustedes saben la preparación que tienen los maestros hoy día? ¿Saben lo que es estudiar por las noches y sábados para obtener un grado de maestría o doctorado? ¿Saben los costos que esto tiene? Nos faltan el respeto si han sometido una medida como esta sin tener información estadística sobre la preparación de los maestros y los diversos talleres en los que participamos.


El artículo 2.16 del PS 1456 que enmienda el artículo 4.09 de la Ley 149 es un “copy paste” del actual reglamento de evaluación bajo discusión y análisis. Es falso lo que se plantea en la exposición de motivos de que se crea por primera vez un Programa de Evaluación y Apoyo a la Docencia. En el 2003 se creó un excelente instrumento de evaluación que se elaboró con la participación del magisterio e incluso era parte del Convenio Colectivo. En el año 2012 tuvimos varias reuniones con el Secretario de Educación Edward Moreno para elaborar un nuevo instrumento de evaluación de maestros y otro de directores escolares. El contenido que tiene actualmente el documento de Evaluación de maestros ha sido acordado, en mi opinión, en un 80 % y fuimos nosotros los que le comunicamos al actual Secretario, Rafael Román ese trabajo realizado en la búsqueda de consenso para crear un documento con enfoque formativo, no punitivo. Es innecesario incluir esto en una ley. Atar la evaluación del personal docente al Plan de Flexibilidad del gobierno federal, es limitar y evitar establecer un sistema de evaluación adaptado a nuestra realidad puertorriqueña. El proceso de evaluación es cambiante y tiene la flexibilidad de establecerse por carta circular o reglamento. Además, se enriquece mediante el diálogo y acuerdo con las organizaciones magisteriales. Actualmente es un proyecto piloto que se está evaluando y enmendando para cumplir con sus objetivos de una evaluación con enfoque formativo, no punitivo.



En el artículo 2.17 se enmienda el artículo 4.11 de la Ley 149 para proponer personas voluntarias para sustituir maestros ausentes, discutir clases y asumir las responsabilidades del maestro. Es una medida que ofende. Actualmente las escuelas tienen madres, padres y otros familiares de los estudiantes que colaboran voluntariamente con la escuela. Sin embargo, la función docente al igual que un policía, un bombero, una enfermera, requiere de años de preparación y experiencia ¿Puede dar el ejemplo esta Legislatura con personas voluntarias cuando se ausentan los legisladores en distintas comisiones o en la sesión legislativa?


Capítulo 3: Financiamiento




Art.3.02 – ¿Designar un oficial financiero sustituye a la subsecretaria de finanzas del DE? ¿Cuál es el costo de designar un tesorero para cada escuela? El oficial financiero prepara y somete el presupuesto a la Legislatura. ¿El Secretario no interviene?




Art. 3.03 – Al establecer que los gastos administrativos son gastos de alimentos, transportación escolar y programa de evaluación del personal docente surgen preguntas tales como: ¿las estructuras administrativas (regional, distrito) no son gastos administrativos? ¿Cómo se clasifican los gastos relacionados a material y equipo administrativo?




Art. 3.05 – Evidentemente se pretende aumentar el cierre de escuelas y la cantidad de escuelas chárter cuando la cantidad asignada a una escuela “resulte insuficiente para cubrir los gastos.”




Art. 3.08 – Crear un Fondo Educativo para incentivar a maestros mejor cualificados (como establece la actual Ley 149 en su artículo 4.03) establece diferencias entre maestros bajo el DE y los que estén bajo la jurisdicción de la Junta al establecer que para dichos incentivos o bonificaciones, la Junta utilizará su criterio distinto al que establezca el Secretario de Educación por Reglamento.


Capítulo 4: Ajuste Demográfico 

Art.4.01 – Este artículo establece que la comunidad se involucre en los procesos de consolidación de escuelas, pero le otorga la facultad de determinar las escuelas a cerrarse a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Es decir, la comunidad solo participa en el proceso de cierre de escuelas, no en el proceso de evaluar y decidir sobre mantener escuelas abiertas. Esto es anti democrático y responde a la visión de que la educación es un gasto, no una inversión. Esto es inaceptable.



Art.4.02 – Ajuste demográfico equivale a cierre de escuelas. El Principal Oficial Financiero (POF) y OGP, que sustituyen al Secretario de Educación y a las comunidades escolares, tienen el poder para cerrar escuelas.


Art. 4.03 – El Secretario se limita a ofrecer información al POF y a OGP que son los que desarrollan reglamentos para consolidar y cerrar escuelas. Aunque se viabiliza un proceso de vistas públicas para evaluar el impacto de la consolidación de escuelas la decisión final es del POF y OGP.




Art. 4.04 – Aplicar esta fórmula significa cerrar, de forma arbitraria, 380 escuelas para el próximo año escolar. Por ejemplo, en el distrito senatorial de Guayama que comprende 15 municipios se podrían cerrar de 45 a 60 escuelas. Establecer que el mínimo de estudiantes por escuela debe ser 400 es una fórmula arbitraria, que no se basa en un estudio de la cantidad de salones disponibles en cada escuela, la ubicación geográfica, la inversión realizada en la infraestructura, entre otros criterios. Pretender comparar a Puerto Rico con las escuelas de Miami Dade o de Los Ángeles, tomando como base el estudio y las recomendaciones de Boston Consulting Group, lo cual demuestra que se pretende imponer el cierre de escuelas sin tomar en cuenta nuestra realidad puertorriqueña.


Art. 4.05 – Presenta la trampa de que en el proceso de consolidación de una escuela chárter con una escuela receptora, convierte a la misma en escuela chárter. Obviamente el proceso de consolidación de escuelas se utilizará como mecanismo para aumentar los fondos que reciben las entidades privadas o municipios. A mayor cantidad de estudiantes, más fondos.


Capítulo 5: Escuelas Públicas Líder


El artículo 5.01 crea el organismo paralelo al Departamento de Educación con el concepto Alianzas de Innovación Educativa para administrar escuelas públicas. Unas administradas por el DE y otras por la Junta.




¿Por qué no ser honesto y transparente y llamar las cosas por su nombre: escuelas chárter? Si se ha utilizado una referencia constante a la desacreditada Ley “No child left behind” y las experiencias de escuelas en los Estados Unidos promovidas por el Secretario de Educación Federal, Arne Duncan, ¿por qué utilizar un eufemismo (expresión políticamente aceptable para evitar una expresión poco popular o intolerable) y no utilizar el concepto que directamente implica la privatización de escuelas asignando fondos a una entidad privada, lo cual intenta burlar la Constitución de Puerto Rico? Ningún legislador debería prestarse para esta burla.




Incluso el concepto líder, que implica guiar e influir mediante el ejemplo, se utiliza de forma engañosa como sinónimo de tener fallas que corregir. Se le llama líder a la escuela rezagada. Es decir, que a base de este concepto del proyecto, si aplicamos el concepto líder a otras instancias como, por ejemplo, un líder político, sería aquella persona que tiene fallas o deficiencias y tiene que mejorar.


Un líder tiene que modelar. Este proyecto niega el liderazgo de escuelas públicas especializadas y no especializadas que son modelos de éxito y son las escuelas líderes que deben servir de modelo a otras al establecer alianzas que no han requerido la entrega de la administración de las mismas a entidades privadas o a alcaldes. Pero como la intención principal es servir de enlace a las entidades privadas y a los alcaldes, se intenta mercadear este proyecto con el concepto de escuelas líder a ser impuesto, inicialmente, en el 15% de escuelas con mayor rezago. La estrategia de mercado de este proyecto es: escuela de mayor rezago, en peor condición = escuela líder. A otro perro con ese hueso.


El artículo 5.02 inciso (a) presenta algunas características de las llamadas escuelas públicas líder:



 “liberar a los estudiantes de la ineficiencia, burocratización y partidización…”
 “innovar la enseñanza en el salón de clases”
 “democratizar la educación pública”
 “estimular el aprendizaje, la eficiencia en la administración y operación de escuelas”
 “estimular la excelencia académica”
 “responsabilizar a las autoridades pertinentes”

Todas las escuelas necesitan tener estas características. Todas las escuelas necesitan la autonomía escolar (administrativa, fiscal y docente) para tener estas características. ¿Por qué no se implanta esta autonomía en todas las escuelas (como establece la Ley 149) y se evalúa? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué se le niega esa autonomía a todas las escuelas y se le otorga a una entidad privada o a los alcaldes? Con la autonomía administrativa (que ejerce el director), fiscal (que ejerce el director y el consejo escolar) y docente (que ejerce la maestra) se logra implantar estas características o principios que persigue este proyecto. No es necesario que intervengan entidades privadas, ni alcaldes. Ambos pueden apoyar lo que cada escuela determina establecer mediante la ejecución de su autonomía.




¿Van las entidades privadas y los alcaldes a ser supervisados por la Región Educativa o el Distrito Escolar? ¿Qué injerencia van a tener estas estructuras administrativas? ¿La organización escolar de las escuelas chárter, va a ser aprobada por el distrito escolar y por la región educativa? No. ¿Por qué eliminar la burocracia administrativa para las escuelas chárter, mas no así para todas las escuelas como lo establece la Ley 149 de 1999? Es un asunto de voluntad institucional y gubernamental.




Cuando se utiliza el concepto alianzas debemos referirnos a la acción que llevan a cabo dos o más personas, organizaciones o naciones al establecer un pacto o un acuerdo. Esto implica que para hacer alianzas es indispensable la autonomía de las dos partes para llegar a acuerdos. Hasta Dios establece alianzas con su pueblo mediante un pacto. En el caso de las escuelas, las alianzas se establecen desde la discusión y acuerdo con cada comunidad escolar. Las alianzas no se imponen. Imponerlo por legislación viola la naturaleza de una alianza y se convierte en dictadura. En este caso, implica imponer la visión mercantilista de la educación y a una mayor injerencia de los partidos políticos en los nombramientos y el proceso educativo


El artículo 5.02 inciso (b) habla de que las escuelas chárter “gozarán del grado más alto de autonomía fiscal, operacional, administrativa y curricular.” ¿Cuáles son los diversos grados de autonomía? Parece que el grado más alto de autonomía fiscal implica “recaudar fondos adicionales…para usos que redunden en beneficios educativos.” Es decir, como es para beneficio de los estudiantes, se podría establecer que los padres aporten $300 dólares por semestre para materiales, equipo tecnológico, actividades extracurriculares, almuerzo…Es abrir la puerta para sacarle dinero a las madres y padres a través de diversas actividades, porque “están exentas de la aplicación de las leyes y normas del DE” (inciso d). Precisamente esta es una de las características de la privatización, en la cual se transfiere de una compañía pública o de una actividad administrada por el Estado a una empresa privada. Por más que se pretenda negar esta realidad entregar escuelas públicas a entidades privadas es privatizar. Los educadores tenemos que comunicar lo correcto y la verdad, y eso es lo que hacemos en estas vistas.




Privatización de escuelas públicas se constata con las expresiones de este proyecto: “estarán exentas de la aplicación de las leyes y normas del Departamento de Educación”, “se regirán por lo dispuesto en la Alianza”, “estarán exentas de otras leyes que puedan estar en contravención con los fines y propósitos de este capítulo.”




El artículo 5.03 presenta la estructura paralela al DE que implanta la privatización y municipalización de escuelas con “el grado más alto de independencia”. Incluye bajo su jurisdicción a las Escuelas Especializadas, lo cual es ajeno al objetivo de este proyecto. Especifica que “funcionará como su propia Agencia de Educación Local (LEA)”, lo cual implica otra estructura administrativa que aumenta la burocracia y la asignación de fondos para fines administrativos. Es decir, fondos que deberían llegar a la sala de clases se desvían hacia la nueva estructura ($1,000,000 asignados a la JAIE) y una compensación del Director Ejecutivo de la JAIE del 90% del salario que corresponde al Secretario de Educación. Otra característica de la privatización en este artículo es “establecer por reglamento su propio sistema de personal.”




El artículo 5.04 evidencia la trampa de aumentar la transferencia de escuelas para la JAIE y, de este modo, entregar más escuelas al sector privado y a los municipios. Crean un mecanismo anti democrático de que el 51% de los padres o maestros presentes en una votación deciden que una escuela pública se transforme en una escuela chárter. Con esta medida, es previsible que se muevan alcaldes para que vayan los afiliados a su partido a una reunión para votar a favor de que la escuela sea administrada por el municipio, con la correspondiente promesa de empleos.



Ruta Educativa



El presidente del senado ha sintetizado el objetivo de este proyecto como la multiplicación de las alianzas que hoy existen. Sin embargo, este proyecto es innecesario porque la Ley 149 provee el marco legal para la multiplicación de las alianzas. Adopto en este aspecto las declaraciones de Justo Méndez de Nuestra Escuela en las que señala lo siguiente: “Por experiencia sabemos que para colaborar y aportar a la transformación educativa no se necesita ceder la administración de escuelas públicas a ningún sector fuera del sistema público. Hay, por el contrario, que depositar fe y confianza en los miembros de la comunidad educativa que son quienes pueden dirigir el proceso de transformación con el apoyo de aliados que, como nosotros, apostamos a las fortalezas de la escuela pública. Esto lo posibilita la Ley Orgánica del Departamento de Educación.”






Conforme a la Ley 149 el Secretario de Educación, tiene facultades y deberes en el ámbito académico: “Gestionará recursos del Gobierno de Estados Unidos y de organizaciones públicas o privadas para desarrollar proyectos que adelanten la gestión educativa del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Cónsono con ello, el(la) Secretario(a) estará facultado(a) para autorizar y entrar en acuerdos o convenios de colaboración con el Gobierno Federal o Estatal, sus agencias, municipios, consorcios municipales o cualquier persona o entidad, gubernamental o no-gubernamental, para el mejoramiento administrativo o académico de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico” (Ley 149 de 1999 Art. 6.03 inciso x). En relación a las escuelas especializadas la Ley 149 establece que: “(u) Designará las escuelas que servirán como escuelas ejemplares y experimentales del Sistema y podrá crear escuelas y programas especiales para atender necesidades específicas de grupos de estudiantes.”






En el ámbito administrativo establece la Ley 149 en el artículo 6.04 inciso z: el Secretario “podrá concertar acuerdos, contratos y convenios que voluntariamente se deseen implantar en los planteles. En ningún caso se utilizará dinero público para el auspicio de escuelas privadas en detrimento de las escuelas públicas.”




Si el camino no es el PS 1456, ¿cuál es la ruta? Debemos partir del consenso para reformar el DE implantando las siguientes medidas:


 Permitir que cada escuela realice los procesos de organización escolar antes de finalizar el año escolar (mes de abril) para que el próximo año se inicie con todo el personal docente y no docente nombrado.


 Eliminar las regiones educativas y que los distritos escolares ejerzan la función de facilitadores administrativos de los directores escolares y facilitadores de la docencia de los educadores, sin menoscabar la autonomía de cada escuela. No podemos depender de la región educativa o el distrito escolar para decidir si los estudiantes asisten a una obra de teatro o a una casa abierta en la universidad; o que se autorice la suspensión de clases en una situación de emergencia (fuego, falta de servicio de agua,…)


 Adoptar en el currículo la filosofía hostosiana como parte de la visión humanista de nuestro sistema educativo


 Permitir que cada escuela implante medidas exitosas para fortalecer la comunicación oral y escrita en español e inglés, las destrezas matemáticas adaptadas a los cambios que requiere el desarrollo económico (finanzas, empresas,…), la ubicación histórica y geográfica, entre otras áreas programáticas.


 Establecer, como propone el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, un tope máximo de 20 estudiantes por grupo


 Para promover el desarrollo integral (físico, mental y espiritual) de los estudiantes, que cada escuela ofrezca los cursos de educación física, bellas artes y salud.


 Constituir un Centro de Desarrollo Profesional en cada distrito escolar para apoyar la educación continua de los educadores.


 Establecer un currículo básico con la flexibilidad suficiente para adaptarlo a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes.


 Que los consejos escolares viabilicen la autonomía escolar a través de la cual se establecen los acuerdos académicos, administrativos y fiscales de cada escuela.



Todo esto y más lo podemos lograr con la base legal que nos ofrece la Ley 149 de 1999, con las correspondientes enmiendas que fortalezcan y nos conduzcan a implantar la autonomía escolar. La mejor estrategia para viabilizar una reforma educativa es partir de la discusión y el diálogo que desarrollemos para alcanzar el consenso y el compromiso de viabilizar la mejor reforma educativa que requiere este momento histórico.



Finalmente, llamo la atención a los senadores para que no ignoren el Proyecto sustitutivo de la Cámara al PC 1032 el cual persigue elaborar un Plan Decenal de Educación partiendo de las comunidades escolares y la ciudadanía. Dicho proyecto provee las condiciones para establecer las medidas de reforma educativa dirigidas a mejorar el aprovechamiento académico y las condiciones de estudio de los estudiantes, y mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. Además, establece la participación de las comunidades escolares en el proceso de planificación y desarrollo del proyecto educativo al que aspiramos, no menoscaba los derechos adquiridos por la clase magisterial y prohíbe expresamente la privatización de cualquiera de las escuelas bajo el Departamento de Educación. Implica elaborar un plan educativo a largo plazo, iniciando desde hoy el proceso de descentralizar, desburocratizar y despartidizar el sistema educativo. Cualquier iniciativa de reforma educativa tiene que contar con los maestros y el apoyo de la ciudadanía. El camino legal que tenemos es: partir de la Ley 149 y el proyecto sustitutivo PC1032.


Sometido hoy 29 de septiembre de 2015, en San Juan, Puerto Rico.  


Emilio Nieves Torres
Presidente de UNETE

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